El próximo 1 de septiembre empezará a regir en su totalidad la nueva ley 21.595, llamada Ley de Delitos Económicos, aprobada el pasado 17 de agosto de 2023 y por la que se modifica la legislación sobre los delitos económicos de las personas jurídicas (Ley Nº 20.393).
Si bien las disposiciones de la Ley N°21.595 están en vigor desde agosto de 2023, todo lo referido a las modificaciones de la Ley N° 20.393 comenzarán a regir a partir del 1 de septiembre de 2024.
Esta nueva normativa, que afecta a los delitos económicos y también a los atentados contra el medioambiente, se caracteriza por la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilizando de la comisión de los delitos a los dirigentes de las organizaciones. Anteriormente, la responsabilidad penal recaía principalmente sobre la empresa en sí misma. De este modo, incorpora agravantes cuando los ejecutivos participan activamente en la comisión de un delito, lo que aumenta el riesgo para ellos a ser condenados. Es decir, la nueva legislación no supone un cambio en lo que se refiere a la persecución de los delitos, sino más bien en extender la responsabilidad no sólo a la organización, sino también a altos ejecutivos de las empresas, como gerentes generales, directores y miembros del consejo de administración.
La normativa añade más de 200 delitos por los que una persona jurídica puede ser penalmente responsable, entre los que destacan la estafa, la apropiación indebida, el lavado de activos y el cohecho. Sin embargo, es importante destacar que no todos estos 200 delitos son nuevos. Algunos de ellos ya estaban contemplados en la legislación chilena, pero no se consideraban delitos económicos. Con la nueva ley, estos delitos pasan a ser considerados como tales, lo que significa que las empresas pueden ser sancionadas penalmente por su comisión.
Esta nueva ley que moderniza el código penal y alinea a Chile con legislaciones similares de EE.UU. y Europa, además de aumentar el número de personas que pueden ser susceptibles de tener una responsabilidad penal y el número de delitos por los que puede ser penalmente responsable, introduce otra serie de cambios para las empresas y organizaciones. En este sentido, incrementa la cuantía de las multas y añade la pena de comiso de ganancias, lo que significa que las empresas pueden perder las ganancias obtenidas como resultado de la comisión de un delito. Asimismo, las personas jurídicas pueden enfrentarse a la pena de ser supervisadas por alguien externo e independiente a la organización. Esta persona o figura tendrá la función de vigilar el cumplimiento de la ley por parte de la empresa y de informar a las autoridades en caso de detectar alguna irregularidad.
El objetivo que se persigue
La nueva Ley de Delitos Económicos persigue combatir de manera eficaz los delitos económicos y medioambientales y ofrece a las empresas las claves para que puedan cumplir con la normativa con facilidad. Se trata de diversos mecanismos de prevención para que las organizaciones puedan anticiparse a la posible comisión de un delito. Así, aquellas empresas con un determinado tamaño o con una facturación concreta deberán implementar un programa de prevención de delitos.
Estas empresas tendrán que crear la figura del oficial de cumplimiento que será responsable de velar porque se cumpla el programa de prevención que se haya implementado en la compañía. Asimismo, la norma exige que las organizaciones tengan disponible un sistema de protección para los empleados que denuncien delitos económicos cometidos por la empresa. De esta forma, se intenta proteger al trabajador impidiendo que sufra cualquier tipo de represalia por parte de la organización por comunicar cualquier hecho que se considere delictivo y siempre que se haya realizado de buena fe. Igualmente, las organizaciones tendrán que entregar la información sobre sus programas de prevención de delitos a las autoridades.
Artículo de Portal Innova / Grupo Prensa Digital – Julio 3, 2024
